La informalidad laboral sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales de México. Durante el segundo trimestre de 2025, el 54.8 % de la población ocupada trabajaba sin acceso a seguridad social ni prestaciones, lo que equivale a más de 32.6 millones de personas. Este fenómeno no solo limita la protección de los trabajadores, sino que también afecta la recaudación fiscal y la capacidad del país para sostener políticas sociales de largo plazo.
En este contexto, hay regiones que destacan por sus avances. Nuevo León (33.7 %), Coahuila (34.2 %) y Chihuahua (34.3 %) se consolidaron como los estados con las tasas más bajas de informalidad laboral en México, de acuerdo con el INEGI. Su posición contrasta con la de entidades del sur como Oaxaca (78.5 %), Chiapas (78 %) y Guerrero (76 %), donde las carencias estructurales y la limitada inversión continúan empujando a la mayoría de la población a la economía informal.
Las diferencias no solo son geográficas, también económicas. Mientras que un trabajador formal percibe en promedio $14,391 pesos mensuales, uno en la informalidad gana apenas $7,487 pesos, es decir, prácticamente la mitad. Esta brecha salarial mantiene a millones en condiciones de vulnerabilidad, pese a que las cifras oficiales muestran cierta mejora en la reducción de empleos con condiciones críticas, que pasaron de 36.7 % a 32.5 % en el último año.
Las grandes ciudades también juegan un papel central en esta dinámica. Más del 64 % de la población ocupada se concentra en zonas metropolitanas como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, León, Tijuana, Ciudad Juárez y Toluca, donde existe una mayor infraestructura empresarial y mejores oportunidades de formalización. Sin embargo, incluso en estas áreas persisten nichos de informalidad ligados a micronegocios familiares, comercio ambulante y servicios sin registro fiscal.
Frente a este panorama, los especialistas coinciden en que la clave está en incentivar la inversión, fortalecer la productividad y reducir las brechas regionales. La reciente integración de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social es un paso importante, pero aún insuficiente. México necesita políticas públicas que promuevan la formalización a gran escala, combatan la desigualdad de género y eleven la calidad del empleo. Solo así el país podrá avanzar hacia un mercado laboral más equitativo, resiliente y competitivo.
