Durante el primer trimestre de 2025, República Dominicana registró 4,286 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Aunque esta cifra representa una disminución del 26.6% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se reportaron 5,909 casos , el embarazo adolescente sigue siendo un desafío significativo para el país.
Las provincias con mayor número de embarazos adolescentes en el primer trimestre de 2025 fueron:
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Santo Domingo: 980 casos (941 entre 15-19 años y 39 menores de 15 años).
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Distrito Nacional: 360 casos (14 menores de 15 años).
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Santiago: 335 casos (37 menores de 15 años).
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San Cristóbal: 282 casos (14 entre 10 y 14 años).
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Barahona: 187 casos (12 menores de 15 años).
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La Altagracia: 179 casos.
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San Juan: 162 casos.
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La Vega: 130 casos.
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Puerto Plata: 124 casos.
En contraste, las provincias fronterizas con Haití registraron cifras más bajas:
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Independencia: 18 casos.
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Dajabón: 42 casos.
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Hermanas Mirabal: 29 casos.
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Santiago Rodríguez: 36 casos.
Tipos de parto y abortos
De los embarazos registrados en adolescentes durante este período:
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2,046 fueron partos vaginales.
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1,855 fueron cesáreas.
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385 terminaron en abortos.
Estos datos reflejan una reducción en comparación con años anteriores. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2024 se reportaron 4,484 embarazos en adolescentes, mientras que en 2023 y 2022 las cifras fueron de 6,107 y 6,453, respectivamente.
El embarazo adolescente tiene un impacto significativo en la educación. Según un estudio de la ONE en 2023, provincias como Elías Piña y Hato Mayor presentaron tasas de deserción escolar del 7.3% y 6.2%, respectivamente, entre adolescentes embarazadas. Otras provincias como Valverde, Peravia y Pedernales también mostraron tasas elevadas de abandono escolar debido al embarazo.
Económicamente, el embarazo adolescente le cuesta al país aproximadamente 131 millones de dólares al año, afectando áreas como educación, empleo e ingresos .
Aunque se observa una tendencia a la baja en los embarazos adolescentes en República Dominicana, el problema persiste y requiere de políticas públicas sostenidas que incluyan educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos y programas de apoyo para adolescentes.
