En los últimos tiempos, el tema de las exenciones fiscales ha cobrado relevancia en el contexto de una potencial reforma tributaria en la República Dominicana. Este enfoque, impulsado por autoridades, organismos multilaterales y economistas, sugiere que la revisión de los incentivos fiscales podría ser fundamental para una reforma efectiva.
No obstante, es crucial aclarar si la discusión abarca todas las exenciones tributarias o si se limita a aquellas que benefician a sectores económicos específicos, como el ITBIS o a industrias particulares. Aunque todas las exenciones merecen atención en cualquier reforma tributaria, es esencial abordar el tema con cuidado, asegurando que la reforma realmente simplifique el sistema tributario actual y reduzca los incentivos para la evasión y la informalidad.
Para entender mejor las exenciones fiscales, es necesario analizar los factores que impulsan su demanda y sus implicaciones en las políticas públicas. Estas leyes, al otorgar privilegios, reflejan distorsiones en el orden institucional, beneficiando a ciertos actores sobre otros. Además, pueden indicar costos en la economía derivados de leyes impositivas ineficientes, mercados poco operativos y altos costos de transacción.
Un sistema institucional que fomente la cooperación entre individuos y facilite la actividad en los mercados es vital para el desarrollo económico sostenible. En este sentido, es fundamental que las reglas sean equitativas para todos los ciudadanos, evitando que las exenciones fiscales se conviertan en privilegios que alteren la legislación común.
Es importante señalar que la demanda de exenciones fiscales no solo revela imperfecciones institucionales, sino que también está motivada por factores que encarecen hacer negocios en el país. Según el análisis de la Ley General de Presupuesto del Estado 2024, existen 55 disposiciones que otorgan beneficios fiscales. De estas, el 71% se han promulgado desde el año 2000, lo que indica un aumento en la complejidad del sistema tributario dominicano, contrario a la intención de la reforma de 1992.
La incertidumbre también afecta a los agentes económicos, quienes se ven presionados por un gasto público creciente y una deuda en aumento. Esto puede llevar a la percepción de que se incrementarán los impuestos en el futuro, lo que genera más riesgos.
Ante esta realidad, la demanda de exenciones fiscales señala la necesidad de simplificar el sistema impositivo y reducir las tasas. Las reformas estructurales, especialmente en el ámbito tributario, son imprescindibles para mejorar las condiciones de hacer negocios en el país.
La reforma tributaria debe establecer tasas cercanas a las efectivas que se están pagando y considerar los derechos adquiridos para mantener la estabilidad. Una buena legislación podría evitar la necesidad de nuevos beneficios fiscales o la renovación de los existentes a medida que expiran.
Fuente: https://crees.org.do/?p=26840
