En los últimos cinco años, la cantidad de ciudadanos que dependen del gobierno dominicano para recibir ingresos recurrentes ha crecido significativamente. Según datos de noviembre de 2024, más de 5.5 millones de personas, es decir, el 51.1% de la población, reciben alguna forma de asistencia estatal. Este porcentaje ha aumentado desde el 48% registrado en 2022, reflejando una tendencia creciente que inició tras la crisis sanitaria del 2020.
El crecimiento de la dependencia estatal se debe a la expansión de programas de subsidios, el aumento del empleo público y el incremento en el número de pensiones. En 2019, el número de personas en esta condición era de 3.8 millones; sin embargo, en cinco años, ha aumentado en 1.7 millones, un crecimiento del 45%.
El programa Aliméntate se mantiene como el principal canal de asistencia, representando el 82.1% de los beneficiarios, seguido por los empleados públicos (13.5%) y los pensionados (4.4%). A pesar del crecimiento económico y la estabilidad política, el modelo de dependencia se ha fortalecido, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo y la necesidad de reformas estructurales para fomentar la autosuficiencia económica de los ciudadanos.
El gobierno dominicano enfrenta el reto de equilibrar la asistencia social con políticas que promuevan el crecimiento económico sostenible. La dependencia creciente de recursos públicos sugiere que, a pesar de la recuperación post-pandemia, la economía dominicana no ha logrado consolidar un modelo basado en la generación de empleo productivo y el fortalecimiento del sector privado.
Es momento de reflexionar sobre el futuro del país: ¿Seguiremos expandiendo los subsidios o apostaremos por reformas estructurales que impulsen el desarrollo económico real?
