La ofensiva que Estados Unidos ha lanzado contra el Cártel de los Soles —designado el 25 de julio de 2025 como organización terrorista— ha incluido un despliegue naval y militar inédito en el Caribe, con buques de guerra, destructores, submarinos nucleares y cerca de 4 000 efectivos, incluyendo infantes de marina y activos como F-35 en Puerto Rico. Además, el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar este aparato criminal. Esta movilización no se ha quedado en lo militar, sino que ha generado una coalición diplomática con países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana —todos ellos también declarando al cártel como terrorista—, sumándose a la iniciativa estadounidense.
En la región se observan diversas reacciones. Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, ha condenado con vehemencia el ataque estadounidense a una embarcación venezolana en el Caribe que dejó 11 muertos, calificándolo como un posible “asesinato” si se confirma lo ocurrido. Por su parte, México ha rechazado el uso de fuerzas extranjeras, defendiendo que la lucha contra el narcotráfico debe estar guiada por las instituciones nacionales y respetar la soberanía. Venezuela respondió movilizando tropas y milicias, denunciando un intento de intervención militar y afirmando que EE. UU. apunta misiles y presenta una amenaza comparable solo con la crisis de los misiles de 1962.
Desde un punto de vista analítico, medios como The Guardian y The Washington Post advierten que esta estrategia agresiva, basada en operativos militares y sin un fundamento sólido, podría ser contraproducente. Se destaca la falta de pruebas concluyentes sobre la existencia misma del Cártel de los Soles y se critica la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, además del riesgo de escalar tensiones y desestabilizar la región. Asimismo, expertos y organizaciones como WOLA señalan que este tipo de acciones militares no atacan las raíces del narcotráfico, generan daños diplomáticos y violaciones del derecho internacional, y no abordan los factores estructurales del problema.
La ofensiva también ha reconfigurado dinámicas de cooperación internacional. Estados Unidos ha convocado ejercicios militares multigubernamentales—como UNITAS 2025—que incluyen entrenamiento conjunto entre fuerzas regionales y fuerzas especiales para fortalecer la operatividad contra amenazas transnacionales. La adhesión de varios países a la calificación del cartel como terrorista ha transformado la crisis venezolana en una cuestión de seguridad hemisférica, habilitando herramientas conjuntas de inteligencia, sanciones financieras y acciones legales, aunque al mismo tiempo plantea dilemas sobre la soberanía y escalada militar.
Más allá de la retórica bélica, la ofensiva estadounidense contra el Cártel de los Soles ha generado una compleja red de alineamientos y rechazos en América Latina, revelando un escenario donde convergen intereses de seguridad, soberanía, legitimidad y estrategias sanitarias (como la reducción de la demanda de drogas). La ofensiva militar expone una tensión entre la búsqueda de “efecto inmediato” y la necesidad de soluciones duraderas basadas en diplomacia, fortalecimiento institucional y cooperación regional, en lugar de confrontación unilateral.
