El 14 de mayo de 2025, el Gobierno argentino implementó una reforma migratoria mediante decreto presidencial, estableciendo nuevas condiciones para la residencia y el acceso a servicios públicos por parte de extranjeros. Entre las principales disposiciones, se exige una residencia continua de dos años o una inversión significativa para obtener la ciudadanía, además de demostrar ingresos suficientes, antecedentes penales limpios y contar con seguro de salud.
Adicionalmente, se facilitará la deportación de inmigrantes que ingresen ilegalmente, presenten documentación falsa o cometan delitos menores, agilizando los procesos judiciales correspondientes. Estas medidas han sido justificadas por el Gobierno como necesarias para evitar abusos y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, aunque han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
El decreto también establece que los extranjeros no residentes deberán pagar por servicios de salud y educación pública, una medida que rompe con la tradición de gratuidad en estos sectores para todos los habitantes del país. El Gobierno argumenta que esta decisión busca aliviar la carga fiscal y asegurar que los recursos públicos beneficien prioritariamente a los ciudadanos argentinos.
Estas reformas representan un cambio significativo en la política migratoria de Argentina, históricamente conocida por su apertura a la inmigración. La implementación de estas medidas ha suscitado un amplio debate nacional e internacional sobre su impacto en los derechos de los migrantes y la identidad del país como sociedad receptora.
