En un continente donde las sombras de la censura, el acoso judicial y la violencia contra la prensa parecen alargarse cada año, la República Dominicana ha logrado una hazaña democrática sin precedentes. Según los resultados del Índice Chapultepec 2025, la nación caribeña se ha posicionado como el único país de las Américas clasificado en la categoría de “plena libertad de expresión”. Con una puntuación de 82.17 sobre 100, el país no solo lidera el ranking regional, sino que se convierte en un referente de institucionalidad en un momento en que incluso democracias consolidadas muestran signos de fatiga y retroceso en sus garantías comunicacionales.
Este liderazgo dominicano, sin embargo, destaca de forma alarmante debido al desolador panorama que presenta el resto de la región. El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte que el promedio regional ha descendido a su nivel más bajo en años (47.13 puntos), situándose globalmente en la franja de “restricción”. Países que históricamente gozaban de entornos favorables, como Uruguay, Chile y Canadá, aunque se mantienen en posiciones competitivas, han experimentado ligeros descensos o estancamientos, dejando a la República Dominicana sola en la cúspide de la libertad plena.
La situación es especialmente crítica en más de la mitad de los países evaluados, donde el ejercicio del periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo. El índice clasifica a naciones como Venezuela y Nicaragua en la categoría de “sin libertad”, mientras que gigantes como México siguen sumidos en la violencia letal y la impunidad. A esto se suma un fenómeno que la SIP denomina “mordaza sigilosa”: el uso de recursos estatales y presiones económicas para asfixiar a medios independientes, una práctica que ha ganado terreno en países con liderazgos de corte autoritario o populista que estigmatizan la labor informativa desde el poder.
Incluso en el oasis dominicano, la estabilidad no está exenta de amenazas. El informe señala que, si bien existe un respeto gubernamental a la crítica, persisten riesgos latentes como la fragilidad económica de los medios tradicionales y la persistencia de intentos legislativos que podrían abrir la puerta a controles indirectos. La “Declaración de Salta II”, firmada recientemente en Punta Cana, subraya la importancia de proteger el ecosistema digital, pero también alerta sobre cómo la desinformación y el acoso en redes sociales son utilizados por diversos actores para minar la credibilidad de los periodistas dominicanos.
El contraste regional es un llamado a la acción para las organizaciones internacionales. Mientras en República Dominicana se celebra la firma de acuerdos para fortalecer el derecho a la información, en países vecinos se reportan exilios masivos de comunicadores y el cierre sistemático de diarios y emisoras. Este “contexto de dos velocidades” sugiere que la libertad de prensa en Latinoamérica ya no puede darse por sentada; requiere de una defensa activa y constante para evitar que el ejemplo dominicano sea la excepción y no la regla en un hemisferio que parece estar olvidando sus compromisos democráticos básicos.
Finalmente, el Índice Chapultepec 2025 concluye que el fortalecimiento de la justicia independiente es la única salvaguarda real contra el deterioro. La República Dominicana ha demostrado que la voluntad política y un marco legal respetuoso pueden blindar la libertad de expresión incluso ante crisis económicas. No obstante, si el entorno regional continúa degradándose, el país corre el riesgo de quedar aislado en un ecosistema informativo hostil, lo que resalta la urgencia de que los gobiernos del continente retomen la ruta de Chapultepec y entiendan que sin una prensa libre, no hay democracia que pueda sostenerse a largo plazo.
