El ajuste del salario mínimo para 2026 en Colombia ha encendido nuevas alarmas económicas: de aprobarse un aumento significativo —hasta un 12 %—, la inflación podría quedar detenida en torno al 4,4 % o incluso más, lejos de la meta del 3 % que persigue la política monetaria.
Este escenario se planteó en un análisis reciente, que proyecta distintos niveles de alza en el salario mínimo y sus impactos en el índice de precios al consumidor para el próximo año.
Por ejemplo, si el salario mínimo llega a COP $1.594.000, lo que implica un alza cercana al 12 %, la inflación estimada se situaría entre 4,42 % y 4,48 % en 2026.
Por otro lado, con incrementos más moderados —alrededor del 5 %—, las proyecciones reducen la presión inflacionaria, estimándose entre 4,29 % y 4,34 %, aún encima de la meta oficial.
Este fenómeno reviste especial importancia porque la autoridad monetaria ha insistido en la necesidad de que los aumentos salariales estén acompañados por mejoras en la productividad. De lo contrario, un aumento desproporcionado en los costos laborales puede derivar en mayores precios para los consumidores, efectos contractivos en el empleo formal y una prolongación del actual ciclo inflacionario.
Asimismo, el contexto político eleva la tensión: en un año de negociaciones salariales previas a elecciones, las presiones para un aumento real del salario mínimo suelen intensificarse, lo que complica calibrar correctamente entre protección al ingreso y estabilidad macroeconómica.
En definitiva, mientras se acerca la mesa de concertación entre sindicatos, empleadores y gobierno, Colombia enfrenta un dilema clave: cómo lograr un salario digno sin comprometer la lucha contra la inflación. Un aumento excesivo podría celebrar logros sociales en el corto plazo, pero a costa de frenar la senda hacia precios más estables en el mediano plazo.
