Al analizar la presión tributaria en América Latina, resulta fundamental comprender sus diferentes componentes: los impuestos, los aportes a la seguridad social y los ingresos derivados de actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos. No hacer esta distinción puede llevar a conclusiones equivocadas sobre el verdadero esfuerzo fiscal que realizan los contribuyentes en cada país.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2023 la República Dominicana registró que el 94.7 % de su presión tributaria provino exclusivamente de impuestos, el porcentaje más alto de toda la región. Esta cifra supera con amplitud el promedio latinoamericano, que se situó en un 77.3 %, y marca una diferencia sustancial con países donde la seguridad social o los ingresos extractivos tienen un peso más relevante en las cuentas públicas.
En naciones como Brasil, Uruguay o Costa Rica, más del 25 % de la presión tributaria está compuesta por aportes obligatorios a la seguridad social. A diferencia de estos, el sistema dominicano funciona bajo un modelo de capitalización individual, en el cual los recursos no se integran directamente al presupuesto estatal, sino que se gestionan de manera separada. Esta particularidad explica por qué los impuestos tienen un peso tan dominante dentro de la carga fiscal dominicana.
Esto implica que, aunque las comparaciones internacionales puedan mostrar que la presión tributaria total en República Dominicana es relativamente baja frente a otros países de la región, la carga efectiva sobre empresas y ciudadanos es mucho mayor de lo que sugieren las cifras globales. Dicho de otro modo, los contribuyentes dominicanos asumen directamente la mayor parte del financiamiento del Estado a través de los impuestos.
Por esta razón, al evaluar la carga fiscal de un país, no basta con observar cuánto se recauda, sino que es imprescindible entender cómo se recauda. Esta precisión permite elaborar diagnósticos más certeros y diseñar políticas tributarias adecuadas para equilibrar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la necesidad de impulsar un crecimiento económico inclusivo y competitivo en la región.
